El Instituto Valenciano de la Vivienda pendiente del informe técnico sobre el barrio José Antonio para determinar si lo derriba
Rosa María Blasco vive en un bloque color amarillo desgastado de la calle General Bonanza, situado en el barrio José Antonio de Alicante. Cuando era una niña, su padre consiguió esa casa y lleva viviendo allí desde el año 1957. Ahora se encuentra en una situación de incertidumbre, el futuro de su hogar está pendiente del resultado de un informe.
Los bloques de viviendas que forman el barrio José Antonio fueron construidos a finales de los años cincuenta. Al principio, un total de 23 bloques acogían 626 pisos, ahora sobreviven 520 viviendas, el resto tuvieron que demolerlas porque su situación era de ruina. Los bloques ocupan cuatro manzanas que rodean la Plaza de la División Azul, situada entre Benalúa y el Polígono de Babel. Los domicilios fueron alquilados por el IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda) a familias con pocos recursos económicos.
Las casas debido a su vejez presentan numerosas deficiencias, en su mayoría derivadas de humedades, goteras y grietas. A principios de 2011, a María Dolores que reside el bloque número 1 de la calle Rubén Darío se le cayó el techo de su cocina cuando estaba haciendo el desayuno. Afortunadamente, a pesar del susto, a los residentes del piso no les paso nada. El IVVSA arregló el derrumbe y, en este preciso momento, prometió que repararía las deficiencias más importantes que afectaban a las viviendas con un mayor deterioro.
Multas que no llegan a nada
El Ayuntamiento de Alicante amenazó al IVVSA con ponerle una sanción si no arreglaba las averías de las casas afectadas. Dos días después de la amenaza se desplomó el techo de María Dolores y el IVVSA se comprometió a arreglar todos los daños de las casas del barrio. A principios de enero, el Ayuntamiento paralizó los expedientes sancionadores pero la concejala de Conservación de Inmuebles, Oti García- Pertusa, les amenazó con reactivarla si no cumplían lo prometido.
El IVVSA no cumplió con lo acordado y el Ayuntamiento procedió a abrir seis expedientes sancionadores que oscilaban entre los 12.000 y los 50.000 euros por edificio, según el grado de deterioro. El 22 de enero de 2011, el IVVSA comenzó los trabajos para rehabilitar los daños de las viviendas degradadas y el Ayuntamiento retiró las multas. Pilar Aldeguera, presidenta de la asociación de Vecinos, considera que la actuación ha sido tardía y que “no se ha hecho todo lo que se debería de hacer”. Asegura que hay tres calles sin luz desde hace dos meses y que la asociación ha mandado escritos, tanto al IVVSA como al Ayuntamiento, y que ninguno ha hecho nada. “Se lavan las manos unos y otro”, afirma Pilar.
Pendiente de un informe
En Enero de 2011, el IVVSA anunció que realizaría una inspección integral del barrio José Antonio para decidir si lo rehabilitaba o lo derribaba para reconstruirlo. El antiguo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no reconocía la posibilidad de derribo del barrio porque consideraba que su estado de conservación era bueno. Por ello el IVSSA presentó una alegación reclamando que se sopesase la posibilidad de derribo si los informes técnicos declaraban el barrio como ruina. En 2011 se aprobó el nuevo PGOU que recoge la petición que presentó el IVSSA, reconoce el mal estado de las viviendas. El PGOU determina que se deberá mantener las mismas dimensiones, plantas y un acabado similar, en caso de que sea necesaria la sustitución por otros edificios nuevos.
El IVVSA, a mediados de abril, aseguró que había revisado nueve bloques y descartó la posibilidad de ruina. En estos momentos, el organismo ha iniciado la primera fase de rehabilitación de daños urgentes por miedo a que se desprenda algún elemento. Está primera actuación supone una inversión de 300.000 euros. Los técnicos continúan con la inspección del resto de bloques y según los informes técnicos se decidirá si se procede a una rehabilitación global o al derribo.
Miguel Ángel Cano, jefe del Servicio de Planeamiento de Urbanismo de Alicante, como técnico experto, determina que se puede proceder a diferentes protocolos según el estado de las viviendas. Cabe la posibilidad de que los daños sean menores y sólo se necesite una reparación superficial, cambiar algunas tuberías o la instalación eléctrica. También puede que la estructura esté mal y haya que repararla por peligro al derrumbe. Por último, existe la posibilidad de que la totalidad de la estructura esté muy deteriorada y que la única solución sea el derribo.
La presidenta de la asociación de vecinos piensa que para la reconstrucción total de barrio queda todavía mucho tiempo porque “la Generalitat no tiene dinero”. “El final es demolerlo, pero en un plazo de siete u ocho años”, asegura Aldaguera.
“El barrio no es lo que era”, afirma Rosa María cuando piensa en su niñez. Aún así no quiere irse, y como ella la mayoría de los vecinos que han construido su hogar en esos bloques de color amarillo desgastado.